Con la campaña de la Declaración de la Renta en pleno apogeo, oigo muchas voces protestando enérgicamente porque España destina dinero a la Iglesia Católica. Ignoro la causa, pero a pesar de que la Constitución define en su artículo 16.3 que España es un país aconfesional, la mayoría sigue pensando que es un país laico, o que tanto el laicismo como la aconfesionalidad es lo mismo. En realidad, aconfesional significa que el Estado no asume ninguna religión como propia, pero no es hostil hacia ninguna, mientras que el laicismo pretende excluir las religiones. Esa es la diferencia. Ante estas protestas, un poco de Historia nunca viene mal.
En 1798, comenzó en España un proceso político, económico y social denominado Desamortización, consistente en poner en el mercado, previa expropiación forzosa, tierras y bienes que la Iglesia y las órdenes religiosas habían acumulado a través de herencias y de donaciones principalmente con el fin de enajenarlo a favor de ciudadanos individuales. La idea principal de este proceso era que el Estado, con este dinero pudiera hacer frente a la enorme deuda pública que arrastraba, acrecentara la riqueza nacional, y creara una burguesía y una clase media de trabajadores. Este proceso duró hasta bien entrado el siglo XX, concretamente hasta 1924. Una de las desamortizaciones más famosas fue la desamortización de Mendizábal en el año 1836, en la que a cambio de estos bienes eclesiásticos, el Estado se comprometió a mantener el culto y al clero, al que debían pagar una pensión de por vida. Así, actualmente la Iglesia se financia con una aportación del Estado y de las Comunidades Autónomas que equivalen aproximadamente al 25% de sus gastos. También se financia con la aportación de los fieles a través de la asignación voluntaria en la Declaración de la Renta, y por supuesto también lo hace a través de las aportaciones de los fieles. Las aportaciones por ley van destinadas a la conservación del patrimonio histórico-artístico, a la enseñanza concertada y a obras sociales promovidas por la Iglesia.
Está claro que España se comprometió con la Iglesia a hacer frente a estos pagos de manera vitalicia a cambio de esos bienes. Imagino que mucha gente estará en desacuerdo con este pacto interestatal y de ahí su enfado. Lo que no sé es si en caso de ruptura unilateral del contrato, España estaría obligada a devolver todos los bienes nuevamente a la Iglesia. Y hablamos de obras de arte de valor incalculable, iglesias, conventos, tierras... Es posible que no sea un negocio tan rentable. ¿Usted qué cree?
Piensen.
Sean buenos.
En 1798, comenzó en España un proceso político, económico y social denominado Desamortización, consistente en poner en el mercado, previa expropiación forzosa, tierras y bienes que la Iglesia y las órdenes religiosas habían acumulado a través de herencias y de donaciones principalmente con el fin de enajenarlo a favor de ciudadanos individuales. La idea principal de este proceso era que el Estado, con este dinero pudiera hacer frente a la enorme deuda pública que arrastraba, acrecentara la riqueza nacional, y creara una burguesía y una clase media de trabajadores. Este proceso duró hasta bien entrado el siglo XX, concretamente hasta 1924. Una de las desamortizaciones más famosas fue la desamortización de Mendizábal en el año 1836, en la que a cambio de estos bienes eclesiásticos, el Estado se comprometió a mantener el culto y al clero, al que debían pagar una pensión de por vida. Así, actualmente la Iglesia se financia con una aportación del Estado y de las Comunidades Autónomas que equivalen aproximadamente al 25% de sus gastos. También se financia con la aportación de los fieles a través de la asignación voluntaria en la Declaración de la Renta, y por supuesto también lo hace a través de las aportaciones de los fieles. Las aportaciones por ley van destinadas a la conservación del patrimonio histórico-artístico, a la enseñanza concertada y a obras sociales promovidas por la Iglesia.
Está claro que España se comprometió con la Iglesia a hacer frente a estos pagos de manera vitalicia a cambio de esos bienes. Imagino que mucha gente estará en desacuerdo con este pacto interestatal y de ahí su enfado. Lo que no sé es si en caso de ruptura unilateral del contrato, España estaría obligada a devolver todos los bienes nuevamente a la Iglesia. Y hablamos de obras de arte de valor incalculable, iglesias, conventos, tierras... Es posible que no sea un negocio tan rentable. ¿Usted qué cree?
Piensen.
Sean buenos.